Una máxima de la economía neoliberal es que si un empresario(a) arriesga su capital en un negocio cualquiera, la rentabilidad obtenida es un premio al riesgo en el cual él o ella habría incurrido, lo que además generaría empleo y proveería a la sociedad de bienes y servicios, es decir, los riesgos privados son la base en la cual se sustentan las utilidades privadas.

Consultada al respecto, Gianina Figueroa, dirigente de Unapyme, señaló que “frecuentemente las autoridades de gobierno han sostenido que no sería adecuado apoyar a las Pymes a sobrellevar la crisis actual, pues el costo fiscal sería muy alto y el Estado no puede cubrir con recursos propios los riesgos comerciales que los privados deben correr. Sin embargo, durante esta semana, a propósito del denominado “Caso Enjoy” vemos que esta lógica neoliberal se aplica solo a algunos, debido a que la superintendenta de Casinos habría favorecido a la empresa, permitiéndole no cumplir con las obligaciones contraídas tras adjudicarse licitaciones, lo que implica la postergación del cobro de boletas de garantía a través del Decreto 77 firmado por el presidente Piñera”.

La dirigente gremial enfatiza que “la aplicación de la ideología neoliberal llega solo al umbral a partir del cual son afectados los intereses económicos de algunos grupos empresariales. Especialmente aquellos que poseen asociaciones comerciales e intereses comunes con algunas autoridades. Por eso mientras sus contratos con el Estado le generaron pingües utilidades, se permitió que Enjoy privatizara sus ganancias, pero ahora que es el único concesionario de casinos que no ha cumplido sus compromisos económicos, se le permite socializar sus pérdidas”.

La política que se ha aplicado con Enjoy ha sido muy simple: “si ganas dinero es para ti; si lo pierdes las perdidas las paga el Estado, o sea todas y todos los chilenos”.

Gianina Figueroa agrega que mientras para Enjoy la ayuda estatal es millonaria en dólares “para el sector Pyme no hay ayuda, salvo créditos que en promedio han significado $500 mil por empresa pyme beneficiada (23% del total de las Pymes) y los programas de protección del empleo que no significan mayor costo fiscal, es decir, la política gubernamental ha sido que las Pymes se “rasquen con sus propias uñas” si desean utilidades privadas deben correr riesgos como privados y si una crisis como la actual les causa pérdidas, entonces “mala suerte no más”, pues ese no sería un problema que amerite la intervención del Estado”.

Agrega además que “esa política del actual gobierno es la que está llevando a las Pymes al desastre mientras los recursos se ocupan en salvar grandes empresas, especialmente si las altas autoridades poseen intereses económicos personales en ellas. Y ese apoyo se da hasta el límite. e incluso, cuando se apoya a empresas como Enjoy, este apoyo es completamente irracional y bordea la ilegalidad”.

Enjoy no maneja todos los casinos de Chile, solo cuatro de ellos y hasta donde es de público conocimiento, es la única empresa concesionaria que enfrentaría problemas de liquidez y solvencia, y la única favorecida por el decreto 77. Si se aplicaran las reglas del juego en forma pareja, el incumplimiento de los compromisos de Enjoy con municipios y otras entidades estatales, ameritaría la ejecución de las boletas de garantía que entregó al momento de serle asignada la concesión que administra. El valor de esas boletas es del orden de USD 175 millones.

En palabras de la dirigenta de la Unapyme “La no ejecución de dichas boletas implica que el Estado chileno está renunciando a un cuantioso monto de recursos que debieran incorporase a los activos que el administra, los que en la práctica son de todas y todos los chilenos”.

Si se ejecutaran las boletas, el banco o la compañía de seguros que las emitió, debería pagar ese monto al Estado y demandar a Enjoy por el cobro del pagaré de respaldo de dicho crédito; ello le llevaría a embargar las propiedades de Enjoy, seguido de un proceso de negociación que colocaría seguramente a la empresa bajo nuevos controladores y obligaría a la familia Martínez a enfrentar con capital propio el agujero financiero que poseen en la actualidad.

Al respecto la dirigente de Unapyme y candidata constituyente por el distrito 7 señala que “la operación para salvar a la familia Martínez controladora de Enjoy significa que el Estado pierde USD 175 millones que podrían ir ayuda de otros sectores” y lo ilustra con un ejemplo:

“En Chile existen cerca de 100 editoras independientes, son Pymes que operan en segmentos diversos del mercado del libro y que se han visto severamente afectadas por la pandemia, si el Estado decidiera comprar a cada editorial solo el 50% de su producción anual (250 ejemplares de 12 títulos anuales) a un costo de $10.000 c/ejemplar, (para luego regalarlos a bibliotecas y centro comunitarios), las 100 editoriales obtendrían un capital de trabajo que les permitiría sortear la pandemia con la línea de flotación sobre el agua, generando empleo para 1500 trabajadores(as) y para otros 1500 en las imprentas que los producen y que generalmente son empresas independientes de las editoriales. Vale decir a un costo de 4,2 millones de dólares se podría mantener el empleo de 3000 trabajadores(as), y, además, contribuir a la cultura mientras el Estado aun tendría en sus arcas 171 millones de dólares” y remata con una pregunta:

¿Por qué en vez de hacer eso se transfieren recursos a una sola familia (Martínez), que en el mejor de los casos podría sostener una cantidad de empleos equivalentes, pero a un costo 44 veces mayor?

El caso Enjoy fue revisado por la comisión investigadora de la Cámara, la investigación concluye que el decreto 77 con la firma del presidente de la República evitó la quiebra de Enjoy S.A. al impedir la pérdida de las concesiones por incumplimiento y además impidió que el Estado cobrara las garantías a las cuales tenía derecho de acuerdo con el contrato de concesión.

En palabras de la dirigente gremial, “no hay lógica económica que sostenga esa decisión, mientras miles de Pymes quiebran a lo largo de Chile producto de la pandemia y sus trabajadores enfrentan la cesantía, se toman medidas arbitrarias e interesadas que dilapidan el dinero cuya falta, según el ministerio de hacienda sostiene, impide ampliar las ayudas a las Pymes”. Ella remarca: “si esta medida responde tan solo a los intereses económicos privados del Presidente de la República, estaríamos asistiendo a una situación sin paralelo en la historia republicana del país”.