El SERNAC exigirá al Banco de Chile y al BCI que devuelvan todo el dinero cobrado indebidamente a los consumidores morosos por gestiones de cobranza amparándose en la figura de supuestos “honorarios judiciales”, así como obtener las correspondientes compensaciones a los afectados.

Además, el servicio busca el cese de esta conducta por parte de ambas instituciones, adecuándose a los estándares y límites que exige la Ley del Consumidor.

El director nacional del SERNAC, Lucas Del Villar, explicó que este tipo de cobros aplicados por estas entidades financieras son graves, pues, además de estar limitados en la ley desde el año 1999, afectan a consumidores que ya están morosos y no están en posición de poder negociar.

“En la práctica este tipo de cobros aplicados indebidamente recargan aún más la mochila a consumidores que ya se encuentran en una situación complicada, pues detrás de una deuda impaga se esconden situaciones económicas difíciles, las que se han agravado producto de la pandemia. Nadie tiene deudas sin pagar por gusto”, enfatizó el director del SERNAC.

Según la investigación del SERNAC, que incluyó acciones de fiscalización, se pudo corroborar que estas instituciones financieras incluyen en sus contratos una cláusula donde establecen que en caso de morosidad será de cargo del consumidor los “honorarios judiciales” en que incurra la empresa en caso de cobranza judicial.

En el caso del BCI, estos “honorarios” corresponden a un 15% del monto adeudado, mientras que en caso de Banco de Chile es entre 10% y 15% del total demandado, más gastos y costas judiciales. El Servicio detectó que este cobro es aplicado cuando se celebran acuerdos extrajudiciales que ponen término al juicio de cobro y, por tanto, no son establecidos por el tribunal.

A juicio del SERNAC, la inclusión de esta cláusula y la aplicación de estos cobros no se ajustan a lo que establece la Ley del Consumidor y atentan en contra la buena fe, ya que no obedecen a parámetros objetivos y producen desequilibrio y perjuicio de los consumidores.

La normativa establece expresamente que las empresas sólo pueden cobrar los reembolsos por las gestiones efectivas de cobranzas extrajudiciales con topes. En efecto, se prohíbe desde 1999 cobrar montos superiores al 3%, 6% y 9% del total de la deuda y según una escala progresiva por tramos (sobre 50 UF, entre 10 y 50 UF y hasta 10 UF, respectivamente).

Cuando se trata de cobranzas judiciales, los montos por concepto “honorarios judiciales” que deben pagar los consumidores a las empresas se fijan una vez que concluye el juicio, los que son establecidos por el juez y no por las entidades financieras.

RESPUESTA DE BCI

“Sobre el Procedimiento Voluntario Colectivo iniciado por el Sernac, con relación al contenido de algunas cláusulas de contratos, referidos a la cobranza judicial en caso de deudas impagas, Bci declara:
• Frente al escenario en que un cliente se encuentre con problemas para pagar sus deudas, nuestro primer objetivo es buscar diferentes soluciones que le permitan regularizar su situación financiera. Lo anterior ha significado que más del 96% de las operaciones en mora son regularizadas sin iniciar un juicio. Respecto del 4% restante, tenemos que cumplir con las obligaciones legales y del regulador CMF, e iniciar las respectivas acciones judiciales.
• Respecto a las cláusulas relacionadas con la forma y condiciones de la cobranza judicial, queremos ser enfáticos en señalar que están ajustadas a la normativa legal vigente.
• La información referida a los procesos de cobranza se entrega a todos nuestros clientes de manera transparente, desde el inicio de los procesos de crédito, incluyendo los plazos y fases donde se aplican.
• Seguiremos colaborando con el Sernac, entregado toda la información pertinente de manera oportuna, con el fin de clarificar las consultas en relación a la inclusión de estas cláusulas en nuestros contratos.”